Caso Boudou: El Gobierno busca el control total de la imprenta Ciccone
Debió intervenirla con un decreto de necesidad y urgencia. Es por el escándalo judicial que involucra al vicepresidente y por los problemas en la fabricación de billetes. El plan es expropiarla.
El Ministerio de Economía informó ayer que la presidenta Cristina Kirchner decidió la intervención de la ex Ciccone mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1338/12. El Poder Ejecutivo mandó al Congreso un proyecto de ley para declarar a la imprenta de “utilidad pública y sujeto a expropiación”, informó el Gobierno en un comunicado.
Los interventores de la compañía serán el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y la titular de la Casa de Moneda, Katya Daura, una funcionaria de confianza de Boudou.
Clarín anticipado a fines de julio que la Casa Rosada pensaba estatizar la ex Ciccone . Legisladores de la oposición, como Fernando “Pino” Solanas, ya habían presentados proyectos de ley similares al que ahora impulsa la Casa Rosada.
Según pudo saber este diario, el director de la empresa, Alejandro Vandenbroele, hizo de nexo entre la compañía y el Gobierno para poner en marcha el nuevo plan.
La ex Ciccone tiene un costo operativo de un millón de dólares al mes . Sus accionistas son desconocidos para la sociedad . La firma es controlada por una sociedad anónima llamada The Old Fund. Vandenbroele fue quien armó la ingeniería societaria de la empresa. En su año como director demostró que su vínculo con el Gobierno es profundo : consiguió que la AFIP le otorgue una moratoria excepcional, imprimió las boletas electorales del Frente para la Victoria y se alzó con un contrato estatal para fabricar 410 millones de billetes de cien pesos.
Boudou dice que no conoce a Vandenbroele, pero éste pagó expensas, el cable y el teléfono de un departamento que el vice tiene en Puerto Madero. La Justicia comprobó además que el socio de Boudou, el millonario José María Núñez Carmona, y también el hermano del vice, Juan Bautista, viajaron por el mundo con pasajes y gastos pagos por The Old Fund.
El proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso establece que “el precio de los bienes sujetos a expropiación” de la ex Ciccone se determinarán mediante un análisis del “Tribunal de Tasación de la Nación”. Eso significa que el Gobierno no descarta pagarle a The Old Fund una indemnización por la expropiación de su empresa.
Según el proyecto, “la suma que eventualmente deba abonarse será pagada -hasta el monto correspondiente si excediera el de la tasación- con la deuda que Compañía de Valores Sudamericana (CVS, la ex Ciccone) se registre ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)”.
La ex Ciccone le debía 62 millones de pesos a la AFIP, de los cuales habría pagado 7 millones. A eso se suman otras deudas que la compañía tiene, por ejemplo, con el fisco bonaerense: le debe al menos 35 millones de pesos a ARBA. El proyecto de ley K no dice que esa variable será tenida en cuenta para tasar los bienes de la imprenta.
Estipula, eso sí, que la empresa sea auditada por la SIGEN, que controla Daniel Reposo, otro amigo de Boudou.
El proyecto oficial pide que “el personal” de la ex Ciccone pase al Estado “conservando todos los derechos laborales adquiridos, la afiliación gremial que posea y la vigencia de su Convenio Colectivo de Trabajo”.
El texto que la Casa Rosada envió al Congreso dice que “el Estado debe concentrar la actividad de fabricación de dinero circulante”.
Boudou como ministro de Economía, y Daura como titular de la Casa de Moneda, habían sido quieren frenaron un plan de modernización de este último organismo que hasta incluía la estatización de la ex Ciccone . El nuevo proyecto para esa compañía será tratado el jueves por el plenario de comisiones del Senado. Paradojas del oficialismo: el titular de la Cámara alta es Boudou. (Clarín) Política 09:05 08/08/2012 |
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